Hace ya varios años que los productores españoles demandaban un cambio en el sistema de ayudas al cine español, pero la cosa no terminaba de salir adelante y la relación con el Gobierno del Partido Popular seguía deteriorándose cada día más, sobre todo tras el duro recorte realizado en 2012. Eso ha cambiado gracias a un decreto ley aprobado hoy mismo que conlleva importantes cambios en el sistema de ayudas que entrarán en vigor en 2016, fecha en la que el Partido Popular quizá ya no siga al frente del Gobierno.
El cambio más destacable responde a la principal petición de los productores, ya que el pago para la amortizaciones para la producción se producirá antes de hacerse la película y no con hasta tres años de retraso, que es lo que venía haciéndose en la actualidad. Los productores sabrán así con certeza cuánto dinero público van a recibir, aunque los requisitos exactos a cumplir se desconocen por el momento, ya que aún ha de desarrollarse a través de una orden ministerial.
Menos películas y más ambiciosas
La intención de José Ignacio Wert, ministro de Educación y Cultura, es eliminar todas las comisiones encargadas de asignar las ayudas para sustituirlo por una serie de parámetros para valorar la viabilidad económica del proyecto, la capacidad de los productores para distribuirla y llegar al público -vamos, sus posibilidades reales de ser un éxito-, el impacto internacional que podría tener, lo innovador que sea y también si se hace en régimen de co-producción.
Se buscará así potenciar la creación de películas más ambiciosas comercialmente, pues ya existen ayudas más encaminadas a fomentar otro tipo de cine. No obstante, Wert ha llegado a declarar que se producen demasiadas cintas en nuestro país, ya que ha recordado que según criterios de la Unión Europea debería hacerse una película por cada millón de espectadores, lo cual equivaldría a unas 46 o 47 en el caso español, una cifra muy por debajo de la actual.
No tardaremos en saber cuáles serán los requisitos exactos, ya que el objetivo es que las ayudas se asignen de forma automática siguiendo unos criterios objetivos que aún han de delimitarse y con los que se busca reducir el coste financiero en hasta más de un 15%. Lo que sí es seguro es que este nuevo sistema convivirá con el anterior entre 2016 y 2018 para no dejar fuera a películas que ya se habían puesto en marcha con anterioridad a la aprobación de este decreto-ley.
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